Tegucigalpa, Honduras.- Un ambicioso plan nacional impulsado por el
Gobierno de la presidenta Xiomara Castro está transformando la vida de más de
149 mil familias en 16 departamentos del país, a través de una inversión
superior a los 93 millones de lempiras ejecutados por la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), mediante el Programa Nacional de Desarrollo
Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS).
El enfoque integral de esta estrategia combina
proyectos productivos, acceso a tecnología agrícola y educación nutricional,
consolidando un modelo centrado en el bienestar social, la autosuficiencia
alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
Entre los principales avances se destacan:
8,000 silos metálicos entregados para
almacenamiento de granos, con una inversión de 24 millones de lempiras.
41 desgranadoras de maíz, distribuidas con un monto
de 1.47 millones de lempiras, que han acelerado el proceso de recolección para
60 mil familias.
215 secadoras solares instaladas con una inversión
de más de 10 millones, beneficiando a 4,300 familias.
133 sistemas de riego que han permitido cosechas
múltiples al año, con una inversión superior a 13 millones.
53 galpones para aves ponedoras con una asignación
de más de 21 millones, y 23 porquerizas construidas mediante el proyecto
porcino, con un presupuesto de 10 millones de lempiras.
En el componente educativo, se han creado 59
huertos escolares y 15 invernaderos con una inversión de más de 14 millones de
lempiras, impactando directamente a 8 mil personas. Además, se han desarrollado
talleres de formación sobre seguridad alimentaria, inocuidad, meriendas
fortificadas y producción de abono orgánico tipo BOCASHI, dirigidos a docentes,
padres y estudiantes.
“La seguridad alimentaria y nutricional busca que
todas las personas tengan acceso físico, económico y constante a alimentos
suficientes, seguros y nutritivos, para llevar una vida sana y activa",
expresó Jesús Paz, gerente técnico de PRONADERS.
Agregó que el programa impulsa proyectos como
gallinas ponedoras, invernaderos, sistemas de riego y casas mayas, además de
fortalecer el acceso a agua potable y la organización comunitaria, garantizando
así la sostenibilidad de los procesos.
Todos estos esfuerzos están articulados con las
cajas rurales productivas, una apuesta de gran escala que refleja el compromiso
del Gobierno con la dignificación de las comunidades más vulnerables del país.
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