• Iniciativa busca tipificar la
difusión no consentida de material sexual en Honduras.
• Proyecto establece penas de
prisión, multas y mecanismos de protección para víctimas.
Tegucigalpa, Honduras.-La diputada
por Cortés Linda Frances Donaire Portillo presentó este martes ante el Congreso
Nacional un proyecto de decreto para reformar el Código Penal y tipificar la
violencia digital, especialmente la difusión no consentida de contenido íntimo.
La propuesta de la diputada del
Partido Libertad y Refundación (Libre) surge ante el incremento de casos
relacionados con el uso indebido de plataformas digitales y busca brindar
protección legal a las víctimas, en su mayoría mujeres y jóvenes.
En la exposición de motivos se señala
que “la difusión no consentida de contenido sexual, incluyendo imágenes y
mensajes, constituye una forma de violencia digital que atenta contra la
dignidad y la privacidad de las personas”.
El documento advierte que este
fenómeno tiene impactos graves, ya que “ha demostrado tener efectos
devastadores sobre las víctimas, afectando su salud mental, su vida social y su
seguridad personal”.
Inspirada en legislación
internacional
La iniciativa toma como referencia la
Ley Olimpia, normativa implementada en México para combatir la violencia
digital, estableciendo sanciones claras y mecanismos de protección para las
víctimas.
Según el proyecto, la creación de una
legislación similar en Honduras es necesaria para garantizar derechos en el
entorno digital.
El texto afirma que "modificar
el Código Penal para incluir sanciones específicas contra la violencia digital
es un paso fundamental para proteger la privacidad, la dignidad y la seguridad
de los ciudadanos”.
Nuevos delitos y sanciones
El proyecto propone la adición de
varios artículos que definen como delito la difusión, publicación o
distribución de contenido íntimo sin consentimiento.
La iniciativa establece que “se
considera delito la difusión, publicación, venta, distribución, exhibición o
cualquier otra forma de transmisión de contenido visual o audiovisual de
carácter sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento explícito”.
También contempla agravantes cuando
el material se difunda con fines de venganza, chantaje o acoso, o cuando la
víctima sea menor de edad.
Entre las sanciones planteadas se
incluyen penas de tres a siete años de prisión y multas de hasta 50 salarios
mínimos, que podrían aumentar en casos agravados.
Además, el proyecto contempla medidas
complementarias como la eliminación inmediata del contenido, la reparación
económica a las víctimas y la garantía de confidencialidad durante el proceso
judicial.
Protección a víctimas
La iniciativa enfatiza que la
normativa busca no solo castigar, sino también proteger.
En ese sentido, el texto establece
que “las víctimas tendrán derecho a una compensación económica por los daños
psicológicos, morales y sociales sufridos”.
Asimismo, se plantea asegurar el
anonimato de las personas afectadas para resguardar su integridad.