Washington- La Corte Suprema de Estados Unidos pareció alinearse este jueves
con la Administración de Donald Trump en su petición de levantar los bloqueos
en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de
nacimiento, algo que podría repercutir en el futuro a las demandas contra
próximos decretos presidenciales.
Con una
mayoría conservadora de 6 a 3, el tribunal aceptó escuchar los argumentos sobre
el polémico decreto, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía
estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres
indocumentados o con visados temporales.
Durante la
vista de casi tres horas, el ala conservadora de la corte dio indicios de que
podría ponerse del lado del Gobierno en cuanto al alcance de los bloqueos
judiciales, aunque pareció escéptica en cuanto a la constitucionalidad del
decreto en sí.
El Supremo,
con sede en Washington, analizó cuestiones técnicas sobre la jurisdicción de
los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel
nacional una orden del Ejecutivo, que trajo esta cuestión ante la corte en una
petición de emergencia.
También
debatió sobre si estos bloqueos deben circunscribirse solo a los demandantes
nombrados en los casos, lo que podría abrir la puerta a que se necesiten miles
de demandas individuales para hacer cumplir una sentencia, algo que «no tiene
sentido», según la jueza liberal Sonia Sotomayor.
Específicamente,
los magistrados evaluaron la impugnación a la orden de Trump por parte de tres
jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron,
en fallos separados, que el presidente no puede cambiar o limitar la Constitución,
por lo que ordenaron un bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve
el caso.
Varios
miembros conservadores de la Corte, entre ellos el presidente del Supremo, John
Roberts, sugirieron que podría haber mejores maneras de impugnar el decreto, en
lo que podría ser un indicativo de que se alinean con el argumento del Gobierno
de que los tribunales menores excedieron su autoridad al bloquear la orden de
Trump.
El propio
Roberts indicó repetidamente que estaría dispuesto a que la corte evalúe «con
la debida celeridad» los fundamentos y la constitucionalidad del decreto
presidencial que, aunque no fue el centro de la sesión sí provocó reacciones de
varios jueces.
La magistrada
Sotomayor dijo que la orden de Trump viola cuatro precedentes de la propia
Corte Suprema, mientras que la también liberal Elena Kagan afirmó que «limitar
la ciudadanía por derecho de nacimiento podría potencialmente dejar a miles de
futuros niños nacidos en los EE.UU ‘apátridas'».
Uno de los
votos clave en esta decisión podría ser la jueza Amy Coney Barrett, designada
por Trump, quien cuestionó el porqué el Gobierno pidió al Supremo evaluar
cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto en sí.
Unos 255.000
bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía
por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de
Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional
entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden
presidencial.
Limitar la
ciudadanía automática para hijos de inmigrantes irregulares era una de las
promesas de campaña del republicano, que regresó al poder en enero con una
redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día
en que asumió su segundo mandato.
El mandatario
defendió este jueves su posición diciendo que se trata de una cláusula aprobada
tras la guerra civil para proteger a los «hijos de los esclavos» y no para
«quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía» estadounidense, un
argumento que los abogados del Gobierno repitieron durante la visita.
Fuera del
tribunal, centenares de personas se concentraron para reivindicar que «la
ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional», entre ellos la
expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi; el líder del Caucus Hispano del
Congreso, Adriano Espaillat, y otros legisladores demócratas.
«El Gobierno
está intentando revocar un derecho fundamental que dice que si tienes hijos
aquí, esos hijos son ciudadanos estadounidenses», dijo a EFE Ama Frimpong,
directora legal de CASA, una de las principales organizaciones de defensa de
los inmigrantes en el país, cuya demanda se debatió hoy en el Supremo.
«Si le niegan
la ciudadanía a un recién nacido, ¿A dónde sería deportado? Legalmente uno es
deportado a su país de origen, lo cual sería este mismo. No tiene sentido.
¿Habría familias en las que unos hijos tendrían la ciudadanía y otros no?»,
planteó por su parte Juan Pachón, vicepresidente del grupo promigrante
Forward.us.
El Supremo no
emitirá una decisión sobre la vista hasta fines de junio o principios de julio,
aunque, según analistas, la inusual y delicada naturaleza del caso podría
llevar a adelantar la fecha de publicación. EFE
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