Guayaquil (Ecuador) – La Superintendencia de Compañías de
Ecuador intervino Gráficos Nacionales (Granasa), empresa editora de los diarios
Expreso y Extra, dos de las cabeceras más importantes del país, que denuncia
una persecución en respuesta a la línea editorial crítica que tienen hacia el
Gobierno del presidente Daniel Noboa.
La
intervención, según se detalla en un oficio de la Superintendencia fechado el
miércoles, pero que se hizo público este jueves, tiene como objetivo
«supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las
irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o
terceros».
Como parte
del proceso, el organismo estatal designó ya a la abogada Elizabeth del Pilar
Jiménez como la interventora, quien deberá presentar a la Superintendencia
informes mensuales sobre lo realizado.
De acuerdo
a Granasa, el pedido de intervención nace de la Secretaría Técnica de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que ahora depende de la Presidencia,
«aduciendo una calidad de accionista del 2,56 %, cuya propiedad atraviesa un
proceso legal».
Inmobiliar
solicitó a la editora de periódicos el «detalle de asesores legales mantenidos
por el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el que debe incluir una matriz de
los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o
vigentes a la fecha actual».
Información
que, a criterio de Granasa, no está en obligación de proporcionar porque
existen «razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines
extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía», de
acuerdo a la Ley de Compañías.
«Es pública
la posición crítica de Diario Expreso frente a la gestión del presidente Daniel
Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que
existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de
manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus
accionistas», señaló el medio este jueves.
Granasa ha
denunciado que el Gobierno de Noboa intenta «someter a una de las pocas voces
críticas a su gestión que existen en Ecuador», pues como antecedente señalan
que la Superintendencia también ha tratado de «adueñarse del 40 % de las
acciones» de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso
realizado hace seis años.
Además, han
alertado de «otros intentos infructuosos de menoscabar la integridad y
credibilidad de Granasa a través del Servicio de Rentas Internas
(administración tributaria) y de la Fiscalía, con acusaciones sin sustento
sobre supuesta defraudación tributaria y lavado de activos que se quedan sin
piso».
El pasado 5
de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció «represalias» del
Gobierno ecuatoriano contra Granasa y señaló que «el uso de una institución
pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas
de censura indirecta». EFE
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