Tegucigalpa, Honduras.- El juicio contra el empresario
estadounidense Carl Zaglin, acusado de corrupción en contratos millonarios con
Honduras, vivió ayer jueves su tercer día de audiencias en la Corte del
Distrito Sur de Florida.
-Este es el caso más
conocido en Honduras como corrupción en la Tasa de Seguridad, donde está
involucrado de forma directa Francisco Cosenza.
La
jornada estuvo marcada por el testimonio de Aldo Marchena, exbanquero y hoy reo
confeso.
“Recibí
dinero y envié pagos de sobornos”, declaró Marchena sin rodeos ante el jurado,
al señalar que las órdenes le llegaron “indirectamente” de Zaglin, a través de
un empleado que le dio instrucciones precisas sobre dónde transferir los
fondos.
En junio
pasado, Marchena ya había admitido su culpabilidad por conspiración para lavado
de dinero, confesando haber recibido cerca de 2,5 millones de dólares
provenientes de la empresa de Zaglin. Según relató, esos fondos fueron
canalizados —menos su comisión— a funcionarios hondureños y otros implicados en
el esquema de sobornos relacionado con la compra de uniformes policiales.
Durante su
declaración Marchena recordó que en septiembre de 2015 firmó un contrato de
intermediación que describió como “una fachada”. “Cuando firmé, pensé que era
poco ético, pero nada más. No estaría haciendo lo que me exigía el contrato”,
dijo. En la práctica, su rol fue servir como intermediario para el pago de
sobornos, respaldados con facturas y cálculos que sustentaban las
transferencias ilícitas.
Hondureños parte de la cadena
Entre los
beneficiados de los pagos figura Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de
Seguridad Poblacional, quien también se declaró culpable. Marchena aseguró que
en una ocasión Zaglin le colgó el teléfono cuando intentó hablar directamente
sobre los envíos de dinero a Cosenza, al advertir la sensibilidad de esas
comunicaciones.
Reconoció
ante el tribunal que organizó pagos directos a Cosenza y su cooperación
permitió reducir sus condenas en procesos previos.
El relato de
Marchena, que alguna vez manejó millones en la banca internacional, se
convirtió en pieza clave del caso. Su confesión exhibió cómo los dólares, las
facturas falsas y las redes empresariales alimentaron la corrupción en
Honduras, con funcionarios dispuestos a recibir sobornos a cambio de contratos.
El proceso
judicial contra Carl Zaglin, acusado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero por contratos de casi 11 millones de dólares en uniformes
policiales, continuará el próximo lunes 8 de septiembre en Miami. Marchena será
sentenciado a finales de octubre, pero su cooperación resulta fundamental para
el desenlace del juicio, en donde una vez más Honduras es expuesto en
tribunales extranjeros está vez por corrupción.
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