Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 21 de cada
100 personas desplazadas por violencia en Honduras, entre el 2019 y el 2024,
fueron niñas, niños y adolescentes reveló hoy el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (Conadeh), ente estatal que mencionó como principales causas
las amenazas, la extorsión y el asesinato de parientes.
Un análisis
de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh determinó
que, durante ese período, de seis años, la Institución Nacional de Derechos
Humanos de Honduras atendió 7,095 quejas relacionadas con el desplazamiento
forzado interno que afectó a unas 18,066 personas, de las cuales, 3 mil 736
(21%) eran niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo
con el desglose de los casos, en el 2019 fueron afectados, por el fenómeno del
desplazamiento forzado interno, 207 niñas, niños y adolescentes, 152 en el
2020, 568 en el 2021, 871 en el 2022, cifra que aumentó a mil 243 en el 2023 y
695 en el 2024.
Es de
resaltar que, el pico más alto de personas menores de 17 años, afectadas por el
desplazamiento forzado interno, se registró en el 2023, al reportarse tres
víctimas diarias, es decir, una cada 8 horas.
Del
análisis de la UDFI, sobre los casos atendidos por el Conadeh, se desprende
que, del 2019 al 2024, el 51% de los afectados son niños y el 49% niñas.
En agosto
del 2016, el Conadeh con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) activó la Unidad de Desplazamiento
Forzado Interno (UDFI), con el objetivo de monitorear de manera permanente el
fenómeno de desplazamiento forzado interno en Honduras.
Niñez de 6
a 12 años los más afectados
Elsy Reyes,
coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh indicó que la
niñez, en edad escolar, es la más afectada, ya que se ve obligada, en muchos
casos, a interrumpir y hasta abandonar sus estudios debido al impacto de la
violencia y el desplazamiento forzado.
El reporte
del Conadeh establece que, la niñez más afectada es la que tiene un rango de
edad entre los 6 y los 12 años que alcanzan el 37% de los casos, seguido por
los menores de 5 años con el 26 % y los que tienen edad entre 13 y 17
años con el 25 %.
Según la
defensora de los derechos humanos representa un desafío ya que los niños no se
desplazan solos, sino que van acompañados de sus padres, porque las víctimas
son núcleos familiares.
Indicó que
la afectación no solo es emocional, sino que, en su seguridad, en su protección
porque tienen que salir huyendo de su lugar de residencia, juntamente con sus
padres, situación que les vulnera su derecho a la educación porque son niños
que salen del sistema educativo.
Agregó que
también tiene una afectación en su salud física y emocional ya que pierden a
sus amiguitos de la escuela, a sus vecinitos y, todo esto, es fuerte para
la niñez que tiene que abandonar su vivienda y salir nuevamente a un lugar
donde posiblemente también estén en riesgo, mientras sus padres encuentren un
lugar seguro donde puedan reubicarse.
Víctimas de
amenazas
Reyes
explicó que, entre los motivos denunciados, por los propios afectados, se
destaca que el 43 % fueron objeto de amenazas, un 10 % por extorsión, otro 10 %
por el asesinato de parientes, un 9 % por el despojo, usurpación y destrucción
de viviendas y propiedades.
Además, en
el caso de las amenazas, hay una vinculación muy estrecha con el reclutamiento
forzado, extorsión a los padres, incluso del despojo de bienes y propiedades o
por la violencia basada en género que puede estar sufriendo la madre o incluso
el niño o la niña, además, ser objeto de tentativas de homicidio, violencia de
género y lesiones.
También
figuran como responsables de poner en riesgo y víctimas de desplazamiento
forzado a niñas, niños y adolescentes, en un 28 % de los casos,
miembros de estructuras criminales, otro 28 % de personas desconocidas. También
fueron denunciados, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y personas
conocidas.
Aunque el
desplazamiento forzado es un problema nacional, Reyes señaló que, al menos,
cinco departamentos del país registran el 84 % de casos de niñas, niños y
adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, Francisco Morazán con el 40 %,
Cortés el 28 %, Choluteca (6 %), Atlántida (6 %), y El Paraíso con el 4
%.
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