La Esperanza, Intibuca.- En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Fiscalía de
Etnias y Patrimonio Cultural para garantizar el acceso a la justicia para los
pueblos indígenas y afrohondureños”, financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fiscal General de la
República, abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez, y el embajador de España en
Honduras, señor Diego Nuño García, inauguraron una nueva sede de la Fiscalía de
Protección de Etnias y Patrimonio Cultural en La Esperanza, departamento de
Intibucá.
Esta
nueva oficina responde a uno de los objetivos fundamentales del proyecto:
mejorar la operatividad y capacidad de respuesta
de la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural
(FEP-ETNIAS/PC), especialmente en lo que respecta a la atención de las demandas
de justicia de los pueblos originarios. En ese sentido, se ha establecido una
sede especializada dentro de la Oficina Local del Ministerio Público en La
Esperanza, orientada a atender de manera directa y eficaz a la comunidad Lenca,
fortaleciendo así su acceso a la justicia penal.
Durante la ceremonia de inauguración, el fiscal
general Johel Zelaya agradeció el apoyo de AECID y reafirmó su compromiso con
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. “Se trata de garantizar el
acceso a la justicia de los pueblos originarios, históricamente abandonados, a
quienes debemos brindar una atención integral y digna.
Aquí hay un fiscal general que tiene empatía con
esos pueblos, porque llevo sangre Lenca y me siento orgulloso de nuestras
raíces”, expresó.
Como parte de este esfuerzo conjunto, se
realizaron adecuaciones físicas en las áreas de atención y entrevistas, se
instalaron estaciones modulares de trabajo y se dotó a la nueva sede de equipo
informático y mobiliario, con el propósito de brindar condiciones dignas tanto
para la población como para el personal fiscal.
Con esta inauguración, el Ministerio
Público de la República de Honduras y la AECID reafirman su compromiso con la
defensa de los derechos fundamentales y el acceso efectivo a la justicia para
los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.
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