Tegucigalpa,
Honduras.- El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos afirmó que
la creación de un Consejo de la Judicatura representaría un paso clave para
fortalecer la ética y profesionalización del Poder Judicial de Honduras, al
separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Barrientos
explicó que, con esta figura, los magistrados podrán concentrarse
exclusivamente en la impartición de justicia, mientras que la presidencia del
máximo tribunal asumiría principalmente la representación institucional.
“Tradicionalmente
el único que no integra salas es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Los demás magistrados están asignados a salas específicas, como lo civil o lo
constitucional. El presidente no imparte justicia directamente en salas; su
función debe ser la representación del órgano colegiado”, señaló.
El jurista
indicó que, bajo este esquema, los 14 magistrados restantes continuarían
dedicados plenamente a la administración de justicia, mientras la presidencia
se enfocaría en tareas institucionales y administrativas.
Asimismo,
propuso una reforma constitucional para modificar la integración de la Corte
Suprema de Justicia, sugiriendo regresar al modelo anterior compuesto por nueve
magistrados propietarios y cinco suplentes electos por el Congreso Nacional de
Honduras.
Barrientos
cuestionó que actualmente no existan magistrados suplentes electos formalmente
por el Congreso, lo que calificó como un error. Recordó que, en la práctica
reciente, se designaron suplentes mediante acuerdos políticos entre partidos,
sin un proceso formal de elección legislativa.
“Deben
existir forzosamente suplentes para garantizar continuidad y profesionalismo en
el Poder Judicial”, subrayó, al tiempo que criticó que en el pasado se haya
recurrido a arreglos políticos para designaciones, en lugar de fortalecer un
mecanismo institucional claro y transparente.
El
constitucionalista concluyó que una reforma estructural en la elección e
integración de la Corte contribuiría a reducir la politización y a consolidar
un sistema judicial más independiente y técnico.

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