Tegucigalpa, Honduras.- “Hay muchos jueces, mucho personal administrativo que ha sido despedido sin razón, incluso por sesgo político”, señala el diputado Carlos Cano
La reforma para quitarle facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que las asuma el pleno de magistrados busca la democratización del manejo del personal del Poder Judicial, afirmó este martes el jefe de la bancada del Partido Nacional, Carlos Eduardo Cano.
La reforma permitirá analizar “a quién se contrata, a quién se traslada y a quién se despide, buscando la democratización”, explicó Cano, diputado nacionalista por Olancho.
El legislador hizo tal afirmación
en referencia al proyecto de enmienda para otorgarle facultades transitorias al
pleno como órgano colegiado hasta que se elija el Consejo de Judicatura y de la
Carrera Judicial en ese poder del Estado, que ya pasó el primer debate en el
Congreso Nacional.
“Este decreto le quita facultades a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y faculta al pleno de 15 magistrados para que tome decisiones sobre el traslado, cambios, despidos, de jueces y personal administrativo”, expuso el diputado.
Señaló que “esto se debe hacer para no tener monopolizado el control total y absoluto porque esto degenera el debido proceso y otras situaciones que se dan cuando una sola persona toma decisiones que son tan importantes; por eso el pleno de magistrados tomará las decisiones mientras se nombre el Consejo de Judicatura”.
No quita facultades al pleno de magistrados
Cano explicó que no es cierto que el decreto le quite facultades al pleno de magistrados propietarios de la CSJ.
“Es precisamente el pleno que va a tomar decisiones y que en este momento está tomando la presidenta de la Corte Suprema”, aclaró.
Equilibrio en la toma de decisiones
El diputado nacionalista expresó que se debe analizar todo el proyecto porque al final lo que se busca es tener equilibrio en la toma de decisiones en el Poder Judicial.
“Hay muchos jueces, mucho personal
administrativo que ha sido despedido sin razón, incluso por sesgo político, y
una vez aprobada esta ley lo que buscaremos es que haya análisis (sobre) a
quién se contrata, a quién se traslada y a quién se despide, buscando la
democratización”, concluyó.
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