• Iniciativa busca tipificar la difusión no consentida de material sexual en Honduras.
• Proyecto establece penas de prisión, multas y mecanismos de protección para víctimas.
Tegucigalpa, Honduras.-La diputada por Cortés Linda Frances Donaire Portillo presentó este martes ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto para reformar el Código Penal y tipificar la violencia digital, especialmente la difusión no consentida de contenido íntimo.
La propuesta de la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) surge ante el incremento de casos relacionados con el uso indebido de plataformas digitales y busca brindar protección legal a las víctimas, en su mayoría mujeres y jóvenes.
En la exposición de motivos se señala que “la difusión no consentida de contenido sexual, incluyendo imágenes y mensajes, constituye una forma de violencia digital que atenta contra la dignidad y la privacidad de las personas”.
El documento advierte que este fenómeno tiene impactos graves, ya que “ha demostrado tener efectos devastadores sobre las víctimas, afectando su salud mental, su vida social y su seguridad personal”.
Inspirada en legislación internacional
La iniciativa toma como referencia la Ley Olimpia, normativa implementada en México para combatir la violencia digital, estableciendo sanciones claras y mecanismos de protección para las víctimas.
Según el proyecto, la creación de una legislación similar en Honduras es necesaria para garantizar derechos en el entorno digital.
El texto afirma que "modificar el Código Penal para incluir sanciones específicas contra la violencia digital es un paso fundamental para proteger la privacidad, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos”.
Nuevos delitos y sanciones
El proyecto propone la adición de varios artículos que definen como delito la difusión, publicación o distribución de contenido íntimo sin consentimiento.
La iniciativa establece que “se considera delito la difusión, publicación, venta, distribución, exhibición o cualquier otra forma de transmisión de contenido visual o audiovisual de carácter sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento explícito”.
También contempla agravantes cuando el material se difunda con fines de venganza, chantaje o acoso, o cuando la víctima sea menor de edad.
Entre las sanciones planteadas se incluyen penas de tres a siete años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos, que podrían aumentar en casos agravados.
Además, el proyecto contempla medidas complementarias como la eliminación inmediata del contenido, la reparación económica a las víctimas y la garantía de confidencialidad durante el proceso judicial.
Protección a víctimas
La iniciativa enfatiza que la normativa busca no solo castigar, sino también proteger.
En ese sentido, el texto establece que “las víctimas tendrán derecho a una compensación económica por los daños psicológicos, morales y sociales sufridos”.
Asimismo, se plantea asegurar el
anonimato de las personas afectadas para resguardar su integridad.
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