Ley de Reactivación Económica avanza en el Congreso Nacional

Proyecto pide que monto a pagar en demandas laborales se ajuste a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las instituciones condenadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, mediante la cual el Poder Ejecutivo busca controlar el gasto y reestructurar el Estado en un periodo de un año, avanzó esta semana en el Congreso Nacional hacia su tercer y último debate, que se llevará a cabo en los próximos días.

“Después de un análisis exhaustivo y cumplido el proceso en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo esta comisión de dictamen se pronuncia conforme a las consideraciones” establecidas en los artículos del primero al décimo del proyecto, indicó la prosecretaria del Congreso Nacional Ariana Banegas en el segundo debate el miércoles.

En el artículo uno se especifica que la racionalización del gasto de las finanzas públicas se declara de interés nacional, para lo cual se requiere la implementación de un régimen de medidas en materia fiscal y financiera extraordinarias y temporales a fin de restablecer el equilibrio económico sostenible del Estado.

Optimización de los recursos estatales

El artículo tres del proyecto autoriza al Ejecutivo para que durante la vigencia del decreto proceda a realizar procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública centralizada e instituciones desconcentradas para realizar la reducción forzosa de servicios o de personal con acuerdo de nombramiento por razones presupuestarias.

En el mismo artículo se estipula que se garantiza el pago de las indemnizaciones conforme a la ley y previa disponibilidad presupuestaria a quienes de manera excepcional no les será aplicable lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil y los artículos del 187 al 193 de su reglamento.

Demandas laborales

Lo relacionado con los embargos contra el Estado está estipulado en el artículo cuatro, donde se especifica que la sentencia será comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR) y al órgano condenado para que los montos a pagar se ajusten a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las instituciones condenadas.

Con este precepto se trata de evitar que sean afectados el cumplimiento de los pagos a la deuda pública, servicios temporales, pagos de salarios y colaterales y el presupuesto de la función operativa.

La ejecución de la sentencia firme la efectuará el juzgado que dicte la sentencia y será remitida en un plazo de cinco días hábiles tras la sentencia. En caso que se requiera reforma presupuestaria, establece un plazo de tres meses para el presupuesto general o un mes para presupuesto institucional.

Auditorías preventivas

El decreto pide autorización para que la Secretaría de Finanzas realice los movimientos presupuestarios entre los renglones del gasto de capital y gasto corriente de cada uno de las instituciones descentralizadas y órganos constitucionales.

Asimismo, faculta a toda institución del Gobierno y las instituciones descentralizadas a celebrar convenios con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para la práctica de auditorías de control preventivo concurrente o a posteriori.

El último de los artículos que pasó en el segundo debate se relaciona al manejo del pasivo de la deuda pública externa e interna del Estado de Honduras con instituciones financieras nacionales e internacionales, así como organismos bilaterales, a fin de garantizar la estabilidad fiscal y optimizar el manejo de las finanzas públicas.

Los contratos que celebren las instituciones del Estado de financiamiento, imprevistos y créditos, deberán ser aprobados por el Congreso Nacional.

La comisión de dictamen para el proyecto de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano está integrada por los diputados Mario Pérez, Adolfo Ráquel, Roberto Cosenza, Lenin Valeriano y Merary Díaz, del Partido Nacional; Rumy Bueso del Partido Liberal y Alejandra Vallecillo del Partido Libertad y Refundación.