Congreso defiende legalidad de decreto para reorganizar el Estado

-Zambrano sostiene que la normativa no es un “cheque en blanco” para despedir trabajadores, como señala Libre_

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, rechazó este miércoles los cuestionamientos de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) sobre el decreto que contempla la fusión de instituciones del Estado, asegurando que la normativa no representa despidos arbitrarios ni vulneración de derechos laborales.

Zambrano fue enfático al afirmar, tras aprobarse la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que esta “garantiza al milímetro los derechos laborales” de los empleados públicos.

Añadió que a las personas que resulten afectadas por procesos de fusión se les respetará el 100 % de sus prestaciones y garantías adquiridas. 

Afirmación falsa

El titular del CN sostuvo que señalar el decreto como un “cheque en blanco” para despedir trabajadores es una afirmación falsa y alejada del contenido real de la propuesta.

En su intervención, también cuestionó la autoridad moral de Libre para hablar de defensa laboral, recordando que en el pasado se realizaron despidos masivos, que incluyeron, según indicó, más de 15.000 guías de familia. 

De acuerdo al presidente Tomás Zambrano, las determinaciones adoptadas por el Gobierno anterior (despidos masivos) derivaron en miles de demandas contra el Estado que hoy representan una carga económica para el país.

Eficiencia administrativa

El titular del Legislativo interpretó que la reorganización del aparato estatal busca eficiencia administrativa sin sacrificar derechos adquiridos y defendió que el proceso se desarrollará bajo el marco legal correspondiente.

Asimismo, señaló que el Partido Liberal respalda la garantía de los derechos laborales dentro del decreto.

Finalmente, insistió en que el debate debe centrarse en el contenido real de la normativa y no en interpretaciones políticas, reiterando que la reestructuración institucional se realizará con respeto al debido proceso y a las garantías laborales de los trabajadores del sector público.