La Paz.- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020)
salió este jueves de la cárcel, donde estuvo presa cuatro años y ocho meses por
acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) anulara la condena de diez años en su contra y ordenara su
libertad.
La
exmandataria transitoria salió por la puerta principal del Centro de
Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, con una bandera de
Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera.
En sus
primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez ratificó que en 2019 «en este
país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral» que
llevó a los bolivianos a «reclamar» que el voto en las elecciones generales de
ese año «sea respetado».
«Jamás voy a
arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es
el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo
asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo», sostuvo la
exgobernante.
También
aseguró que el tiempo en prisión fue «muy duro, muy doloroso», pero que
aprendió a tener «la fuerza de la resiliencia» ante un encierro que consideró
«injusto».
El TSJ
informó en la víspera sobre la anulación de la condena de Áñez, su «absolución»
y la orden de su «inmediata libertad» por el llamado caso ‘golpe de Estado II’,
por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse
ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La citada
sentencia fue ratificada en 2023 también por el TSJ, aunque en ese momento
estaban encargados otros magistrados, mientras que los que revisaron la condena
fueron elegidos en los comicios judiciales de 2024.
En la
revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los
magistrados vieron que «hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente» que
«han afectado el debido proceso» y también «sus derechos».
La resolución
del Supremo señala que «la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto
de necesidad constitucional» y considera que el tribunal que condenó a Áñez
«omitió valorar que las renuncias» de quienes estaban antes que la exmandataria
en la línea de sucesión en 2019 «fueron públicas, expresas y con efectos
inmediatos».
«Áñez Chávez
no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo
amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la
continuidad institucional del Estado boliviano», indica la resolución.
Áñez asumió
el mando interino del país el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la
renuncia del entonces gobernante Evo Morales (2006-2019) y de todos los
funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Morales
dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en
medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor
en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.
Áñez fue
detenida en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’,
iniciado por una exdiputada del aún gubernamental Movimiento al Socialismo
(MAS), por la crisis de 2019.
En agosto
pasado, el TSJ ordenó revisar los plazos de las detenciones preventivas en
todos los procesos contra Áñez y otros dos líderes regionales opositores al
MAS, lo que derivó en la liberación de estos políticos.
Los
tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez, que fueron trasladados
al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades, y estaba
pendiente la revisión de su sentencia, sobre la que se informó el miércoles.
EFE
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