Tegucigalpa, Honduras.- El
presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano Díaz,
advirtió que esta será una semana decisiva para el proceso electoral y exhortó
a las autoridades del Estado a cumplir con los plazos y mandatos
constitucionales que garanticen la estabilidad democrática del país de cara a
las elecciones generales del 30 de noviembre.
Solórzano señaló que el Congreso Nacional debe ampliar su periodo
de sesiones hasta el 20 de enero de 2026, de lo contrario se instalaría una
Comisión Permanente, lo que —a su criterio— solo generaría incertidumbre
institucional y política.
“Si no sesionan antes del 31 de octubre, el mandato de los
diputados actuales termina de hecho como órgano colegiado. Recordemos que el 21
de enero de 2026 sesionan los nuevos diputados electos y el 25 asumen funciones
por los próximos cuatro años”, explicó, citando los artículos 191 y 192 de la
Constitución de la República.
El titular del CAH también recordó que el 30 de octubre, las
Fuerzas Armadas de Honduras pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral
(CNE), conforme al artículo 272 constitucional, lo que implica que quedan bajo
su autoridad para garantizar la custodia y transporte del material electoral.
“Cualquier acción orientada a limitar o interferir con esta
disposición es grave, pues vulnera el mandato constitucional y la confianza
ciudadana en el proceso electoral”, enfatizó Solórzano, en un llamado directo a
preservar la independencia y neutralidad de las instituciones involucradas.
En su pronunciamiento, el abogado también exigió poner fin a los
decretos que suspenden garantías constitucionales, asegurando que el 30 de
noviembre todos los hondureños deben votar en libertad y sin restricciones de
derechos.
“Ninguna medida excepcional puede prolongarse al margen de la
Constitución”, recalcó.
Además, instó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a resolver de
inmediato el recurso pendiente sobre la impresión de las papeletas de Olancho y
Valle, advirtiendo que de no hacerlo, miles de hondureños podrían quedar sin
votar en el nivel electivo de diputados.
“Esto pondría en riesgo el derecho constitucional a elegir en ambos
departamentos, bajo la responsabilidad absoluta del TJE”, advirtió el
presidente del CAH.
Finalmente, Solórzano subrayó que la certeza jurídica es
indispensable para que el proceso electoral se desarrolle en paz, libertad y
respeto al voto.
“El cumplimiento de la Constitución es la mejor garantía de la
democracia”, concluyó en su escrito en la cuenta social X el presidente del
CAH.
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