Washington – Durante sus 100 primeros días
en el poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado más de
un centenar de órdenes ejecutivas para aplicar aranceles, combatir la migración
irregular o desmantelar el Gobierno federal sin tener que recurrir al Congreso,
una campaña que están intentando frenar los tribunales y que expertos califican
de peligrosamente autoritaria.
«Presidencia
imperial», «socavamiento de la democracia», «asalto a los derechos humanos» o
«desafío al orden constitucional». Son algunos de los dictámenes empleados por
organizaciones sin ánimo de lucro o laboratorios de ideas progresistas para
calificar el arranque de este mandato, su segundo tras el de 2017-2021.
A su vez,
algunos académicos consideran sin tapujos que Trump ha demostrado en poco más
de tres meses que está tratando de encaminar al país hacia lo que se denomina
un régimen autoritario competitivo.
Dicho
régimen es aquel que cuenta con un sistema electoral real pero disfuncional
debido a los abusos que los gobernantes han implementado sobre las
instituciones democráticas y que, según ciertos análisis, es el que rige en
países como Rusia, Turquía o Venezuela.
Récord
pulverizado
En marzo,
cuando llevaba 60 días en el poder, Trump ya había roto el récord de 99 órdenes
ejecutivas firmadas en los primeros 100 días que ostentaba Franklin Delano
Roosevelt (1933-1945).
Las 130 que
ha activado hasta ahora han pulverizado esa marca y puesto especial énfasis en
dos áreas a cada una de las cuales el gobernante estadounidense ha destinado
casi una veintena de decretos.
La primera
es la eliminación y reducción de diferentes agencias y aparatos del Estado,
principalmente a través del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental
(DOGE) dirigido por Elon Musk, y la segunda la recomposición radical de la
política comercial mediante la aplicación de aranceles a discreción.
A modo de
justificación se han declarado emergencias nacionales. Esto es algo «ya de por
sí escandaloso si se tiene en cuenta que estas emergencias solo se suelen
declarar, por ejemplo, en caso de guerra», explica Steven Greene, profesor de
Ciencia Política de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU).
Y no solo
eso; argumentando que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está
invadiendo EE.UU., invocó la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798
empleada por última vez durante la II Guerra Mundial, para ejecutar
deportaciones sumarias de venezolanos -aparentemente acusados sin fundamento de
ser pandilleros- que han acabado en una prisión de máxima seguridad
salvadoreña.
Jueces
federales han logrado bloquear de momento órdenes ejecutivas relativas al
derecho de suelo, al veto a las personas trans en el Ejército o a la
congelación de la ayuda exterior, y otros tribunales dirimen si hacerlo con las
que afectan, por ejemplo, a la suspensión del derecho de asilo o la propia
creación del DOGE.
Las
mayorías republicanas en el Congreso -otra pieza clave en el sistema de
controles y equilibrios, dada su capacidad para aprobar leyes que suplanten
órdenes ejecutivas o para bloquear las partidas presupuestarias que permitan su
implementación- «no han mostrado voluntad de desafiar los designios de Trump,
ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo», dice por su parte John Carey,
profesor de Administración y Ciencias Sociales en Dartmouth.
Greene va
más allá al asegurar que «los congresistas republicanos han demostrado que su
lealtad a Trump es mayor que su lealtad a sus electores o a cualquier otra
cosa, incluyendo la propia Constitución».
Erosión de
la confianza
En la lista
de acciones tomadas en estos primeros 100 días, que se cumplen el próximo 29 de
abril, hay que incluir los polémicos perdones otorgados a quienes participaron
en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un peligroso precedente a la
hora de legitimar la violencia cuando ésta beneficia los objetivos de quienes
están en el poder.
Medidas
como esta han contribuido a erosionar la confianza de muchos ciudadanos con
respecto al estado de salud de su democracia.
Es lo que
muestra el último estudio de Bright Line Watch, una plataforma interacadémica
que codirige el propio Carey y que desde 2017 evalúa periódicamente el
«desempeño» de la democracia estadounidense.
En ese
análisis, realizado en febrero pasado, cuando Trump llevaba pocas semanas en el
poder, la tasa de confianza entre el público y los expertos cayó a su nivel
histórico más bajo, 53 y 55 sobre 100, respectivamente, y se prevé que el
próximo sondeo, en mayo, muestre cotas aún más bajas.
Por su
parte, Greene remite a lo dicho en días recientes por Steven Levitsky, célebre
profesor de Harvard coautor de «Cómo mueren las democracias», quien ha afirmado
que Trump ya ha socavado la democracia liberal estadounidense, aunque de
momento el proceso sea reversible.
«Pero
aunque soy optimista sobre la posibilidad de dar marcha atrás a lo
implementado», apunta Greene, «no cabe duda de que estamos encaminados a un
autoritarismo competitivo». EFE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario